Teorías De La Contabilización De Opciones Sobre Acciones

Opción de compra de acciones para empleados - ESO Qué es una opción de compra de acciones para empleados - ESO Una opción de compra de acciones para empleados (ESO) es una opción de compra de acciones otorgada a empleados específicos de una empresa. ESOs ofrecen al titular de opciones el derecho de comprar una cierta cantidad de acciones de la compañía a un precio predeterminado por un período de tiempo específico. Una opción de compra de acciones para empleados es ligeramente diferente de una opción negociada en bolsa. Porque no se negocia entre inversores en un intercambio. VIDEO Carga del reproductor. BREAKING DOWN Opción de compra de acciones para empleados - Normalmente los empleados de ESO deben esperar a que pase un período de consolidación específico antes de poder ejercer la opción y comprar acciones de la empresa, porque la idea detrás de las opciones de acciones es alinear incentivos entre los empleados y los accionistas de una empresa. Los accionistas quieren ver el aumento del precio de las acciones, por lo que los empleados gratificantes como el precio de las acciones sube con el tiempo garantiza que todos tienen los mismos objetivos en mente. Cómo funciona un Acuerdo de Opción de Acciones Supongamos que se otorga a un gerente opciones sobre acciones y el acuerdo de opción permite al administrador comprar 1.000 acciones de la empresa a un precio de ejercicio o precio de ejercicio de 50 por acción. 500 acciones de la cotización total después de dos años, y las 500 acciones restantes se convierten en el final de tres años. Vesting se refiere al empleado ganando la propiedad sobre las opciones, y vesting motiva al trabajador a permanecer con la empresa hasta que las opciones de chaleco. Ejemplos de Ejercicio de Opciones sobre Acciones Usando el mismo ejemplo, supongamos que el precio de las acciones aumenta a 70 después de dos años, lo cual está por encima del precio de ejercicio de las opciones de compra de acciones. El administrador puede ejercer mediante la compra de las 500 acciones que se otorgan a 50, y la venta de esas acciones al precio de mercado de 70. La transacción genera una ganancia de 20 por acción, o 10.000 en total. La empresa mantiene un gerente experimentado por dos años adicionales, y el empleado se beneficia del ejercicio de opciones sobre acciones. Si, en cambio, el precio de las acciones no está por encima del precio de ejercicio 50, el gerente no ejercerá las opciones sobre acciones. Dado que el empleado posee las opciones para 500 acciones después de dos años, el administrador puede ser capaz de salir de la empresa y mantener las opciones sobre acciones hasta que expiren las opciones. Este acuerdo le da al gerente la oportunidad de beneficiarse de un aumento del precio de las acciones en el futuro. Factoring en los gastos de la empresa Los ESO se conceden a menudo sin ningún requisito de desembolso de efectivo del empleado. Si el precio de ejercicio es de 50 por acción y el precio de mercado es de 70, por ejemplo, la empresa puede simplemente pagar al empleado la diferencia entre los dos precios multiplicados por el número de acciones de opciones sobre acciones. Si 500 acciones son adquiridas, la cantidad pagada al empleado es (20 x 500 acciones), o 10.000. Esto elimina la necesidad de que el trabajador compre las acciones antes de que se venda la acción, y esta estructura hace que las opciones sean más valiosas. Los OEN son un gasto para el empleador y el costo de emitir las opciones sobre acciones se contabiliza en la cuenta de resultados de la empresa. Guerras de contabilidad Es una batalla campal como las que Washington y Wall Street nunca han visto antes. En gran parte fuera del ojo público, un juego de la moralidad se está actuando hacia fuera, y la trama implica energía y avaricia. John B. Judis escribe, la administración Bush no sólo ha descuidado las reformas contables necesarias para evitar que Enron vuelva a suceder, sino que está trabajando activamente con el negocio (BusinessWeek, 25 de septiembre de 2000). Lobbies tratando de bloquearlos. Un ejemplo perfecto es el debate sobre las opciones sobre acciones. (La Nueva República, 6 de mayo de 2002) Demócratas de Enron No es que los demócratas de Enron obtuvieran mucho dinero de la empresa de energía, ahora arruinada, escribe William Greider. En varias materias, ayudaron a preparar el escenario para el comportamiento escandaloso de Enron y de otros highfliers ahora en desgracia. En 1993, el Consejo de Normas de Contabilidad Financiera (FASB) propuso el cierre de una laguna de la contabilidad que permitió a las compañías evitar el registro de las opciones sobre acciones en sus balances generales (The Nation, 8 de abril de 2002). De acuerdo con un estudio de Merrill Lynch, las opciones de compra de acciones tendrían reducido los beneficios entre las empresas líderes de alta tecnología en un 60 por ciento en promedio. América Corporativa se alineó con la industria de contabilidad para luchar contra la propuesta FASB, con el resultado de que en 1994, el Senado, encabezado por el senador Joseph Lieberman (D-Conn.), Aprobó una resolución no vinculante condenando la propuesta por un voto de 88- A-9. No fue un debate contable, dice Jim Leisenring, el vicepresidente de FASB de 1988 a 2000. Cambiamos de hablar de, ¿Hemos medido con precisión la opción o, hemos expensado la opción en la fecha adecuada a cosas como, la civilización occidental va a No existen sin opciones de acciones, o, No habrá puestos de trabajo más para las personas sin opciones de acciones .. La gente trató de tomar el argumento de la contabilidad para ser simplemente un argumento político. Era la primera vez que los principios contables se habían vuelto muy, muy influenciados por el interés comercial y el interés político, dijo a FRONTLINE James Hooton, que era entonces jefe de auditoría mundial de Andersens. Si mueve las normas contables y contables al entorno político, entonces ha perdido el control sobre si esas normas son las mejores. Aquí hay extractos de las entrevistas de FRONTLINEs con tres figuras involucradas en el debate stock-options: el senador Lieberman Arthur Levitt, quien fue presidente de la SEC de 1993 a 2001 y Sarah Teslik, directora ejecutiva del Council of Institutional Investors, que representa grandes fondos de pensiones. Joe Lieberman (D-Conn.) Es presidente de la Comisión de Asuntos Gubernamentales del Senado que ha estado celebrando audiencias sobre el colapso de Enron. Muy sencillamente, la preocupación que tuve en 1993 y 1994, y que todavía tengo, es cómo se valora con precisión una opción en el día de su otorgado. No tiene ningún valor real. El valor es cuando alguien ejerce la opción y realmente compra la acción, porque entonces theres un valor de mercado. El consejo de contabilidad, creo, llegó a un compromiso bastante bueno aquí, que era, en lugar de requerir los llamados gastos de los ingresos, dijo que la empresa tiene que revelar por alguna fórmula - que es una suposición real, pero Mejor que nada - qué impacto tendría el gasto de las opciones en el momento en que se concedieron en los ingresos de la empresa. Su derecho allí en cualquier informe. Es probablemente mucho más claro que muchas de las otras cosas que están en los informes que las empresas publican. Las empresas no tienen ningún problema para averiguar cuánto les cuestan las opciones cuando se enumeran en sus declaraciones de impuestos para reducir sus impuestos. Esa es una pregunta separada, que es una pregunta importante. Por lo general, eso está hecho, y se hace más eficaz en el momento de ejercer, porque en el momento del ejercicio, hay un impacto fiscal sobre el empleado y en la empresa, y lo ajustan de esa manera. Así que piensas que la acción en 1994 que el Senado tomó en tu resolución y luego el compromiso final fue una buena acción. Sí, creo que fue una buena acción, porque la acción contraria habría sido intentar poner un valor duro en algo que Un valor de cant. Había mucha gente discutiendo, particularmente de Silicon Valley, que si usted gastaba opciones, haría daño a su capacidad de reclutar, aumentaría sus gastos y perjudicaría sus ingresos. ¿Crees que habría dañado la economía? Sí, absolutamente. Mira, la concesión de opciones es una de las formas en que el capitalismo ha sido democratizado en América en los últimos 20 años. Las compañías de Silicon Valley, que impulsaron la industria de la tecnología, que aumentaron la productividad de nuestra economía durante los años noventa y en gran parte crearon el auge que teníamos, vinieron a mí en ese momento y dijeron: Necesitamos usar estas opciones para atraer a la Las mentes brillantes de las grandes empresas que les están pagando los tipos de salarios no podemos pagarles, porque iban a darles una participación en la empresa. Así que sí, creo que si hubiéramos forzado las opciones de compra de acciones en el otorgamiento, no sólo habríamos forzado algo que es imposible hacer racionalmente - porque la opción no tiene ningún valor, en realidad, en ese momento - pero nosotros Habría dañado el crecimiento económico de la empresa y el enorme beneficio que obtuvieron muchos empleados de las opciones sobre acciones. Permítanme decir una última palabra sobre esto. Opciones de acciones, creo, son un dispositivo. Pueden utilizarse bien o no bien. En demasiadas empresas, un porcentaje desproporcionado de las opciones se dieron a la gente muy superior en la empresa. De hecho, puse legislación para tratar de crear un sistema que hubiera requerido la mitad de las opciones dadas por cualquier compañía para ser dada a los llamados empleados no altamente compensados. Presidente de la SEC de 1993 a 2001. En la década de 1990 Silicon Valley estaba diciendo esencialmente youre va a matar a la gallina de oro. ¿Qué dices que no compre ese argumento un solo bit. Las opciones de compra de acciones han sido un dispositivo útil. Theyre parte de la cultura de los negocios estadounidenses. Eso no va a desaparecer durante la noche. Si se toma una opción de compra de acciones para inducir a un empleado o ejecutivo a acudir a una empresa, y esa opción de compra de acciones tiene que ser representada como un costo en el balance, a mi juicio, los ejecutivos de las Américas van a pagar ese precio. No es el final de las opciones sobre acciones. No es el fin del emprendimiento en América. Así que FASB llegó con esta nueva regla. Lo que pasó Cuando llegué a la SEC, esta nueva regla de FASB a las opciones de acciones de gastos había galvanizado la comunidad empresarial estadounidense y trajo literalmente cientos de CEOs a mi oficina en Washington para instar a evitar que el FASB seguir adelante con esta propuesta. Pero lo que sucedió durante el intenso debate y diálogo fue que el Congreso cambió, y Newt Gingrich llevó al poder a un grupo de congresistas que estaban decididos a impedir que FASB promulgara esta propuesta de regla. Mi preocupación era que si el Congreso aprobara una ley que amordazaba a FASB, eso mataría el establecimiento de estándares independientes. Así que fui a FASB en ese momento, y les insté a no seguir adelante con la propuesta de regla. Probablemente fue el mayor error que cometí en mis años en la SEC. Los inversionistas deben preocuparse profundamente por las opciones de compra de acciones, porque esas opciones representan una distorsión de los ingresos de la empresa. En este momento, las opciones se tratan como una nota de pie de página, pero eso no es lo suficientemente bueno. Esas opciones representan una reclamación sobre la empresa, y una reclamación que puede muy bien y se ha ejercido. Ahora el Senado aprobó una resolución. ¿Por qué lo hicieron? No había ninguna duda en mi mente de que las contribuciones de la campaña desempeñaron el papel determinante en esa actividad del Senado. América corporativa emprendió la campaña de cabildeo más agresiva que creo que habían organizado en nombre de esta cuestión. Y el Congreso respondió a eso. Usted tiene el Senador Joe Lieberman de Connecticut liderando el cargo. ¿Cuáles eran sus argumentos Los argumentos eran los argumentos utilizados por la comunidad empresarial, que esto era una ruptura en el espíritu empresarial que esto evitaría que las empresas puedan contratar a personas buenas que esto destruiría a las empresas que esto distorsionaría sus ganancias. Todos los argumentos utilizados por la comunidad de negocios fueron los establecidos por el Senador Lieberman en su oposición. Director Ejecutivo del Consejo de Inversionistas Institucionales, que representa los fondos de pensiones. Si FASB hubiese aprobado las opciones de compra de acciones, ¿habría sido algo disuasivo de lo que Enron finalmente hizo? Si FASB hubiera cambiado las reglas y exigido a las compañías que mostraran opciones de compra como un gasto, creo que Enron y otras compañías que han desmantelado A través de la contabilidad fraudulenta se habría retrasado considerablemente, porque sus esquemas dependían de posponer la revelación pública de las pérdidas. Y si las opciones sobre acciones tuvieran que aparecer como un gasto, entonces una gran parte del dinero que estaba siendo sifonado tranquilamente habría sido desviada públicamente, y habría sido un impedimento. Hubo una campaña de cabildeo masiva que siguió para evitar la carga de las opciones de acciones a las ganancias. Estábamos en medio de ella, así que lo experimenté. Y nunca he experimentado un esfuerzo más cuidadosamente organizado, altamente orquestado, a través de la placa para evitar que algo suceda. Tú tenías grupos, lobbies empresariales principales que tenías los lobbies del Valle del Silicio que tenías los contadores, que en teoría no debían importarles cuáles eran las reglas, simplemente deberían aplicarlas. Todos estaban llamando a todos los senadores y diputados, apoyándose en la SEC, visitando a los miembros del FASB, amenazando el presupuesto del FASB, amenazando el presupuesto de la SEC, trabajando con cualquier tipo de asociación comercial que pudieran hacer, . Fue uno de los esfuerzos de cabildeo más impresionantes en la tierra. Estaba protegiendo a los CEOs paquetes de pago. Quiero decir, no hay nada en los salarios de CEOs que se compara con el número de opciones de acciones de CEO. Estaba protegiendo a los CEOs paquetes de pago. Estaban fuera de servicio. ¿Qué estabas haciendo en ese momento? ¿Estabas testificando a favor o en contra de la regla propuesta por FASB? Realmente queríamos un cambio que no estuviera cobrando las opciones sobre acciones a los ingresos, pero eso no lo dejaba completamente descargado. Era una especie de terreno intermedio complejo, porque las opciones sobre acciones son algo extraño desde el punto de vista de la contabilidad. Son una forma en que el dinero se transfiere de los accionistas a los ejecutivos. Cuando imprime opciones de acciones extra, la acción que tiene el accionista promedio se vuelve menos valiosa. Y propusimos una solución que intentaba captar el hecho de que era una compensación - era valioso que era un costo de producción, pero no fue transferido de la empresa a los ejecutivos. Fue transferido de los accionistas. El senador Joe Lieberman patrocinó la resolución que se aprobó abrumadoramente en el Senado para oponerse a la exención de las opciones sobre acciones. ¿Por qué Lieberman de Connecticut estaría tan desesperadamente interesado en esto, para tomar la iniciativa? Las compañías de seguros están en Connecticut y los contadores están fuertemente basados ​​en Connecticut. FASB está en Connecticut. Tanto el senador Lieberman como el senador Dodd han sido históricamente muy protectores de los contables y muy protectores de los ejecutivos, a pesar de que hablan una buena línea liberal demócrata. Si usted mira los votos y mira las acciones, no está allí. La batalla sobre la reforma del agravio En el otoño de 1994, la llamada Revolución Gingrich llevó a la toma de posesión de la Cámara de Representantes por los republicanos pro-empresariales. La legislación de reforma de la tortura para frenar las acciones de los accionistas contra las compañías y los contables estaba en la tapa de la agenda. Silicon Valley empresas de alta tecnología de nuevo alineado con la industria de la contabilidad para presionar al Congreso para aprobar un proyecto de ley de reforma de agravios, lo que hizo por grandes mayorías en ambas casas. Aunque el presidente Clinton vetó el proyecto de ley, denominado Ley de Reforma de Valores Privados y Litigios de 1995, afirmando que cerrará la puerta del juzgado a inversionistas con demandas legítimas, el Senado, liderado por el senador Christopher Dodd Del Comité Nacional Demócrata - derrocó el veto de los presidentes en diciembre de 1995. El senador Dodd recibió casi un cuarto de millón de dólares en donaciones políticas de la industria de la contabilidad en el ciclo electoral de 1995-96, aunque no estaba a la reelección . Chris Dodd, aquí es el presidente del Partido Demócrata, pero también es el principal defensor del Senado de los Estados Unidos en nombre de la industria de la contabilidad, dice Charles Lewis, del Center for Public Integrity. Y ayuda a anular el veto de su propio presidente, que lo instaló como presidente demócrata. Dodd podría haber estado en la nómina de la contabilidad. No podría haberlos ayudado más que lo que hizo como senador de los Estados Unidos. Pero los partidarios de la legislación sostienen que se trataba de una ruptura muy necesaria en juicios fuera de control, muchos de ellos frívolos, que amenazaban con dañar el negocio de contabilidad. La reforma tortuosa era algo de lo que la profesión contable había hablado durante años, dice Joseph Berardino. El CEO de Andersen Worldwide que renunció en marzo. La reforma del agravio fue un intento por al menos reinar o limitar los daños por lo que las firmas contables no saldrían del negocio. Aquí hay extractos de las entrevistas de FRONTLINEs con el presidente de la SEC, Harvey Pitt, y la ex Jefe de Contaduría Lynn Turner. Presidente de la SEC desde agosto de 2001, es un prominente abogado de valores que representó a la industria de la contabilidad en su impulso para la legislación de reforma de daños. De 1991 a 1995, usted fue un fuerte defensor de la ley de reforma de agravios en nombre de la industria de la contabilidad. ¿Ha cambiado su posición? El único objetivo del proyecto de ley - y éste fue un proyecto de ley que fue presentado por el Senador Dodd, y apoyé su idea sobre este proyecto de ley, y creo que es un proyecto de ley muy positivo - Dirigidas a restringir eran demandas frívolas. Creo que la legislación ha hecho eso. Voy a decir que ha habido casos que se presentaron. Que yo pensaba que planteaba cuestiones frívolas, y en las que las empresas eran en efecto chantajeadas en la solución, o de lo contrario obligados a gastar cantidades extraordinarias de tiempo y energía para deshacerse de. En primer lugar, he dicho que a la luz de Enron nada está fuera de la mesa, y por lo tanto, si hay datos estadísticos y empíricos que establecen ese problema, entonces Creo que todos tenemos la obligación de corregirlo. Lo que creo que las estadísticas mostrarán, sin embargo, es que desde la aprobación de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados, se han producido más litigios, se han producido más asentamientos y los asentamientos Han sido para mayores cantidades de dólares. También ha habido cientos más de replanteos corporativos - Theres absolutamente lo que parece ser una pregunta clara y el problema con respecto al número de replanificaciones. Pero el hecho es que si la PSLRA estaba creando un refugio para la gente, no habría más litigios y las recuperaciones no serían exponencialmente más altas de lo que eran antes de la legislación. Lo único que ha ocurrido ha sido deshacerse de los litigios frívolos, no deshacerse de un litigio bien intencionado y bien equilibrado. También ha sido un esfuerzo para lograr que los representantes institucionales más responsables del inversionista individual asuman un rol en asegurar que el litigio proteja a los inversionistas, no a los demandantes abogados que buscan recuperarse. Los abogados de los demandantes tienen un lobby político muy, muy eficaz y están muy trastornados con cualquier cosa que desafíe su capacidad de hacer honorarios. Lo que necesitamos es una legislación apropiada como la PSLRA para asegurarse de que los inversionistas son los que se benefician de cualquier litigio, no sus abogados. Contador principal de la SEC de 1998 a 2001. ¿Dónde se encontraba la SEC en la ley de 1995 sobre la reforma tortora cuando se debatía? En el momento en que se estaba debatiendo la ley de reforma del delito de 1995, estábamos en una situación que no era saludable en este país Donde, francamente, probablemente hubo litigios judiciales que simplemente no tienen una base real. Algunas personas lo llamaron ambulancia persiguiendo, incluso por parte de algunos de los abogados. Eso no era saludable, y eso le costó dinero a los inversionistas, porque algunas compañías tenían que pagar el dinero sólo para resolver, a pesar de que los trajes no tenían mérito. El problema es que creo que nos dimos la vuelta y lo hizo demasiado difícil para los inversores a dar la vuelta y proseguir sus reclamaciones en los tribunales cuando fueron agraviados por quienquiera - que podría haber sido la gestión, los auditores, lo que sea. Ha habido cosas que han cambiado, por lo que incluso si un profesional ayudó y participó en el fraude que siguió - no necesariamente porque lo hicieron directamente ellos mismos, pero se quedó de pie y lo vio pasar y podría haber hecho algo - ahora es Ilegal para poder ir tras la gente en esas situaciones. No creo que el inversionista medio va a pensar que su derecho de que la gente puede mantenerse al margen - especialmente los profesionales, los expertos en estos casos - pueden estar a su lado y ver las cosas suceden, ayudando y fomentando esas cosas que ocurren, y creo que Deben ir sin castigo. Yo tampoco. ¿Cree usted que la aprobación de la ley de reforma de las agravios de 1995 afectó el comportamiento de los contadores, de los consejos de administración, de los funcionarios corporativos, de los bufetes de abogados, de cualquier manera? A nadie le gusta ser demandado y sin un Duda, está en la parte posterior de todas sus mentes. Pero probablemente lo que está en la vanguardia de sus mentes es el hecho de que ahora hay, sin lugar a dudas, menos exposición de litigios. La posibilidad de ser demandado se ha reducido. La gente dice, Bueno, hay más pleitos de fraude financiero. Eso es cierto, pero es porque hay más fraude financiero. Teniendo en cuenta las limitaciones del personal de la SEC, dadas las limitaciones de la financiación, fueron las demandas privadas en cierta medida una herramienta de aplicación que estaba ayudando a Theres no hay duda de que los juicios privados son una gran parte de la disuasión existente en el país hoy en día. Los juicios privados probablemente tienen un impacto mucho mayor, incluso más que la SEC, sobre el comportamiento de los ejecutivos de la compañía y los auditores. La guerra sobre la consultoría A finales de la década de 1990, las empresas habían puesto el apretón en los honorarios de auditoría, y la consultoría, que había sido una pequeña fracción del negocio de la industria de la contabilidad, se convirtió en el principal centro de beneficio. Arthur Levitt. Entonces presidente de la SEC, vio un conflicto de intereses socavando las duras auditorías: los contadores temían perder lucrativos acuerdos de consultoría si sus auditorías ofendían a los clientes corporativos. Propuso una solución a las cinco grandes firmas de contabilidad - que dejan de hacer importantes trabajos de consultoría para sus clientes de auditoría. Tres de las cinco grandes firmas - KPMG, Deloitte amp Touche y Arthur Andersen - consideraron la propuesta de Levitts de independencia de auditor como una amenaza para todo su modelo de negocio. Para bloquear a Levitt, los contadores se volvieron amigos en el Capitolio, como el representante Billy Tauzin de Louisiana, un poderoso republicano de la Cámara que presidió el comité con supervisión de la SEC. Lea una carta del comité de la Cámara a Arthur Levitt. Tauzin había recibido casi 300.000 de la industria de la contabilidad desde 1989 - aunque él nunca tuvo un desafiador serio para su asiento. En su guerra contra Levitt, las firmas de contabilidad desataron una campaña de cabildeo masiva, gastando casi 23 millones en contribuciones de la campaña a ambas partes. Entre la inundación de correo que Levitt recibió presionándolo para que retrocediera de la propuesta era una carta de Kenneth Lay. El influyente CEO de Enron. Ken Lay me escribió una carta durante el debate sobre la cuestión de la independencia de los auditores, Levitt dice a FRONTLINE, instándome a no seguir con esta reglamentación porque su relación con su contador, Arthur Andersen, ha sido tal que la consultoría era terriblemente importante para el bienestar De Enron. En última instancia, con el Congreso llegando a amenazar la financiación de las SEC, Levitt se vio obligado a retroceder. Modificó la regla para que las firmas de auditoría pudieran mantener su negocio de consultoría si revelaban potenciales conflictos de interés a los comités de auditoría corporativos. Aquí hay extractos de las entrevistas de FRONTLINE con Arthur Levitt, Harvey Pitt, Joseph Berardino y el ex presidente de la Reserva Federal, Paul Volcker, cuyo esfuerzo sin éxito para salvar a Andersen dependía de reformarlo como una empresa de auditoría, despojada de su consultoría no relacionada con la auditoría Prácticas. Presidente de la SEC de 1993 a 2001. En abril de 2000, propuso reformar la industria de la contabilidad. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue la reacción de la industria? El número de casos de fraude financiero que estábamos viendo en la comisión había explotado absolutamente. Los ingresos gestionados se convirtieron en la forma habitual de ir más que en la excepción. Así que fui a los líderes de las cinco grandes firmas de contabilidad y dije que tenemos que cambiar las reglas, y eso significa que los conflictos que existen tienen que ser eliminados. Dos de las firmas, Ernst amp Young y PriceWaterhouse, dijeron que intentarían trabajar con nosotros al intentar cambiar esas reglas. Tres de las firmas - KPMG, Deloitte y Arthur Andersen - en una reunión privada que teníamos, dijeron, iban a la guerra contigo. Esto matará a nuestro negocio. Te iban a pelear con uñas y dientes. Bueno luchar contra usted en el Congreso y luchar bien en los tribunales. La industria contrató no menos de siete empresas de cabildeo para representarlos en la colina. Pasé probablemente más de la mitad de mi tiempo en los últimos meses en la SEC en el Capitolio, respondiendo a las preguntas de los miembros del Congreso, hablando con los comités del Congreso, tratando de explicar por qué esto es una cuestión de interés económico nacional. Tengo una carta que recibiste en abril. Esta es una carta de los supervisores de la SEC, el comité del congreso que supervisa la SEC que tiene un chokehold sobre la existencia de la SEC, que puede bloquear la financiación de la SEC, que puede bloquear la regulación de la SEC, que puede crear una constante Presión en términos de audiencias y desafíos y declaraciones públicas, que pueden absolutamente hacer la vida miserable para la comisión. Y aquí están los tres líderes: Tom Bliley, el presidente Mike Oxley, el jefe del subcomité y Billy Tauzin, el presidente de otro subcomité. Me estaban dirigiendo a ir lento en este tema, para pasar por un proceso. Mantuvieron el calor en mí por llamadas telefónicas, por cartas, por audiencias del Congreso y, en última instancia, amenazando la financiación de la agencia, amenazando su propia existencia. A medida que bajábamos hacia el final de la sesión del Congreso, las amenazas se hicieron, Arthur, si continúa con esta propuesta, es probable que un jinete será colocado en su proyecto de ley de asignaciones que dice que la SEC no será financiada si Proceder con la cuestión de la independencia del auditor .. Hoy en día los negocios estadounidenses van directamente al Congreso. Hace unos años, ellos se detendrían ante el regulador si tuvieran un problema y hablaran con ellos. Ahora van directamente a su congresista, y el congresista me escribe una carta. Incluso un miembro del Congreso me dijo, Arthur, no preste demasiada atención a esta carta. Tengo que escribirlo porque estoy recibiendo presión de algún fanático. Al final, este proceso fue impulsado por los esfuerzos de cabildeo muy eficaces tanto de la profesión contable como de ciertos elementos de la comunidad empresarial que acudieron al Congreso y les convencieron de que esta era una regla que valía la pena oponerse. Director general de Andersen Worldwide desde enero de 2001 a marzo de 2002. En retrospectiva, ¿se arrepiente de haber luchado contra Arthur Levitt cuando estaba tratando de separar la mayor parte de la consultoría de la auditoría en el 2000 me arrepiento de luchar contra nadie. Por otro lado, creo que el mercado es un lugar mejor que el gobierno para decidir cómo se debe formar el mercado. Y, entre otras cosas, no estaba de acuerdo con el momento en que el gobierno estaba obligando a toda la profesión a un modelo determinado. Y lo que le dije, y lo digo todavía, es. Dar al mercado algunas opciones, darles algunas alternativas. Y el mejor modelo ganará. No sabía cuál era el mejor modelo hace dos años. No sé cuál es el mejor modelo hoy. Deje que el mercado decida. Esa es la primera razón por la que no estaba de acuerdo en ese momento. La segunda es que no creo que haya ninguna evidencia de que los honorarios de consultores causen que los auditores restrinjan las conclusiones sobre sus clientes mayores. Pero dado todo el ruido que existe, particularmente en este último año, he renunciado a esa discusión. El mercado simplemente no lo compra, por lo que debemos responder al mercado. Y eso es lo que íbamos a hacer con Anderson. Y sí, me arrepiento de luchar, pero sólo porque creo que deberíamos ser capaces de resolver estas cosas. Presidente de la SEC desde agosto de 2001, es un abogado que ha representado a la industria de la contabilidad, incluyendo a Arthur Andersen. El senador Corzine y otros han vuelto a la idea que Arthur Levitt propuso en un punto, separando la auditoría y la consultoría. ¿Dónde desciende este tema? Mi opinión es que la combinación de funciones puede crear conflictos claros, por lo que hay que tener una clara comprensión y brillante línea de pruebas para lo que los auditores pueden hacer y lo que no pueden hacer. El problema con la separación total, como por ejemplo el Sr. Levitt ha propuesto, es que realmente puede producir auditorías de menor calidad en lugar de auditorías de mayor calidad. Tiene derecho a preocuparse por si la gente está centrada en lo que debe ser: a saber, lo bueno que es un trabajo de contabilidad y un trabajo de auditoría se está llevando a cabo. La dificultad es que si despojas a la empresa de todo su trabajo de consultoría, por ejemplo, renunciaría a muchos de sus consultores tributarios y probablemente no pensemos que una empresa que no tuviera una práctica fiscal amplia sería competente Para realizar auditorías de empresas públicas. Ellos simplemente no entienden las complejidades del código tributario y la forma en que las empresas individuales se establecieron. La cuestión no es si lo haces como consultor. La cuestión es si existe un incentivo económico para la empresa y para las personas a prestar menos atención a las necesidades del inversor público. Ese es el problema. Hay dos maneras de resolver ese problema. La primera es decir que las personas que realmente hacen las auditorías tienen que ser las personas que no reciben compensación por la venta cruzada de servicios de consultoría. Eso nunca se ha propuesto hasta que lo hemos propuesto, y que en mi opinión es un paso importante y crítico que tenemos que tomar. La segunda cuestión se refiere a la empresa como un todo, porque si una gran firma de contabilidad piensa que puede obtener decenas de millones de dólares de negocios de un cliente, puede tener un incentivo para no estar tan centrado en términos de la auditoría. La manera de resolver ese problema es dejar la contratación, el despido y la retención de los auditores en manos de un comité de auditoría independiente. Diríamos que la única manera en que una firma de auditoría puede ser independiente es si su selección, su retención, su despido o la asignación de cualquier otra función ajena a la auditoría es realizada por el comité de auditoría de la junta de clientes y no por la alta dirección . Presidente de la Junta de la Reserva Federal de 1979 a 1987, fue llevado a liderar un panel de supervisión en un intento de reestructurar Andersen como una empresa de auditoría única después del escándalo de Enron. Youve hecho un problema importante de la importancia de separar la función de auditoría de la función de consultoría. ¿Por qué? Porque creo que ese es uno de los puntos de presión que tiende a crear presión sobre el propio auditor para que no sea tan disciplinado como podría ser con el cliente, cuando sabe que hay mucho en juego en términos de honorarios de consultoría Como honorarios de auditoría. Ahora, hay un conflicto básico y un problema, porque la auditoría en sí, por supuesto, se paga. El auditor es contratado por la empresa, la empresa paga al auditor. Así que ahí hay una relación que puede crear presión. Pero eso se incrementa, se multiplica, si hay otras cuotas importantes en juego. Y no creo que haya ninguna pregunta de que, como estas empresas se han convertido en conglomerados, por así decirlo, un auditor es consciente de que mucho está en juego en términos de honorarios de otras actividades fuera de la auditoría en sí. Incluso pueden ser recompensados ​​en términos de si sus clientes utilizan otros servicios de la empresa. Bueno, para ser específico, fue David Duncan, el socio de Houston para Arthur Andersen, mirando Pensamiento Enrons libros, estaban haciendo 27 millones al año de servicios de consultoría y 25 millones al año de los servicios de auditoría. No quiero desagradar a este cliente. Bueno, no sé nada sobre David Duncan y su mente. Todo lo que sé es que hay una aparición allí - ya sea en Enron o en cualquier otro lugar - que la auditoría puede ser subconscientemente afectada por su conocimiento de que una gran cantidad de ingresos está en juego en sus juicios. Y eso afectará su independencia de juicio. Espera que no. Pero creo que, sabes, estaríamos mejor si elimináramos esa apariencia, esa posibilidad ... esa realidad, en algunos casos. Y thats porqué pienso que su una buena idea mantenerlos separados - de modo que la sospecha no surja, esa presión no se presenta. Creo que en la medida en que el conflicto existe, y la medida en que podemos reducir el conflicto - tanto la realidad como la apariencia - es algo bueno que hacer. Y es por eso que he estado defendiendo la separación de la función de auditoría de la variedad de otros servicios que estas empresas están proporcionando. Y estaban en una pista donde se estaban prestando más y más servicios de no auditoría. Ahora, en realidad creo que lo que sucedió es que el mercado en sí está empujando hacia atrás en la otra dirección ahora. Y creo que eso es algo saludable. La mayoría de las empresas de auditoría están vendiendo o desechando algunas de las consultorías realmente costosas y complicadas, particularmente en el área de alta tecnología y el área de tecnología de la información. Han dejado de venderlos en muchos casos - la mayoría de los casos - a sus clientes de auditoría. Así que los cambios están en marcha mientras hablamos. Derechos reservados del Web site 1995-2014 Fundación educativa de WGBH para la última vez: Las opciones de la acción son un coste El tiempo ha venido para terminar el discusión en la contabilidad para las opciones comunes que la controversia ha estado pasando demasiado lejos. De hecho, la norma que rige la presentación de informes sobre las opciones sobre acciones ejecutivas se remonta a 1972, cuando la Junta de Principios de Contabilidad, el predecesor del Consejo de Normas de Contabilidad Financiera (FASB), emitió la APB 25. La regla especificaba que el costo de las opciones en la subvención La fecha debe ser medida por su valor intrínseco la diferencia entre el valor justo de mercado actual de la acción y el precio de ejercicio de la opción. De acuerdo con este método, no se asignó ningún costo a las opciones cuando su precio de ejercicio se fijó al precio de mercado actual. La razón de ser de la regla era bastante simple: como no hay efectivo cambia de manos cuando se hace la concesión, la emisión de una opción de compra de acciones no es una transacción económicamente significativa. Eso es lo que muchos pensaban en ese momento. Lo que es más, poca teoría o práctica estaba disponible en 1972 para guiar a las compañías en la determinación del valor de tales instrumentos financieros no comercializados. APB 25 estaba obsoleto dentro de un año. The publication in 1973 of the Black-Scholes formula triggered a huge boom in markets for publicly traded options, a movement reinforced by the opening, also in 1973, of the Chicago Board Options Exchange. It was surely no coincidence that the growth of the traded options markets was mirrored by an increasing use of share option grants in executive and employee compensation. The National Center for Employee Ownership estimates that nearly 10 million employees received stock options in 2000 fewer than 1 million did in 1990. It soon became clear in both theory and practice that options of any kind were worth far more than the intrinsic value defined by APB 25. FASB initiated a review of stock option accounting in 1984 and, after more than a decade of heated controversy, finally issued SFAS 123 in October 1995. It recommendedbut did not requirecompanies to report the cost of options granted and to determine their fair market value using option-pricing models. The new standard was a compromise, reflecting intense lobbying by businesspeople and politicians against mandatory reporting. They argued that executive stock options were one of the defining components in Americas extraordinary economic renaissance, so any attempt to change the accounting rules for them was an attack on Americas hugely successful model for creating new businesses. Inevitably, most companies chose to ignore the recommendation that they opposed so vehemently and continued to record only the intrinsic value at grant date, typically zero, of their stock option grants. Subsequently, the extraordinary boom in share prices made critics of option expensing look like spoilsports. But since the crash, the debate has returned with a vengeance. The spate of corporate accounting scandals in particular has revealed just how unreal a picture of their economic performance many companies have been painting in their financial statements. Increasingly, investors and regulators have come to recognize that option-based compensation is a major distorting factor. Had AOL Time Warner in 2001, for example, reported employee stock option expenses as recommended by SFAS 123, it would have shown an operating loss of about 1.7 billion rather than the 700 million in operating income it actually reported. We believe that the case for expensing options is overwhelming, and in the following pages we examine and dismiss the principal claims put forward by those who continue to oppose it. We demonstrate that, contrary to these experts arguments, stock option grants have real cash-flow implications that need to be reported, that the way to quantify those implications is available, that footnote disclosure is not an acceptable substitute for reporting the transaction in the income statement and balance sheet, and that full recognition of option costs need not emasculate the incentives of entrepreneurial ventures. We then discuss just how firms might go about reporting the cost of options on their income statements and balance sheets. Fallacy 1: Stock Options Do Not Represent a Real Cost It is a basic principle of accounting that financial statements should record economically significant transactions. No one doubts that traded options meet that criterion billions of dollars worth are bought and sold every day, either in the over-the-counter market or on exchanges. For many people, though, company stock option grants are a different story. These transactions are not economically significant, the argument goes, because no cash changes hands. As former American Express CEO Harvey Golub put it in an August 8, 2002, Wall Street Journal article, stock option grants are never a cost to the company and, therefore, should never be recorded as a cost on the income statement. That position defies economic logic, not to mention common sense, in several respects. For a start, transfers of value do not have to involve transfers of cash. While a transaction involving a cash receipt or payment is sufficient to generate a recordable transaction, it is not necessary. Events such as exchanging stock for assets, signing a lease, providing future pension or vacation benefits for current-period employment, or acquiring materials on credit all trigger accounting transactions because they involve transfers of value, even though no cash changes hands at the time the transaction occurs. Even if no cash changes hands, issuing stock options to employees incurs a sacrifice of cash, an opportunity cost, which needs to be accounted for. If a company were to grant stock, rather than options, to employees, everyone would agree that the companys cost for this transaction would be the cash it otherwise would have received if it had sold the shares at the current market price to investors. It is exactly the same with stock options. When a company grants options to employees, it forgoes the opportunity to receive cash from underwriters who could take these same options and sell them in a competitive options market to investors. Warren Buffett made this point graphically in an April 9, 2002, Washington Post column when he stated: Berkshire Hathaway will be happy to receive options in lieu of cash for many of the goods and services that we sell corporate America. Granting options to employees rather than selling them to suppliers or investors via underwriters involves an actual loss of cash to the firm. It can, of course, be more reasonably argued that the cash forgone by issuing options to employees, rather than selling them to investors, is offset by the cash the company conserves by paying its employees less cash. As two widely respected economists, Burton G. Malkiel and William J. Baumol, noted in an April 4, 2002, Wall Street Journal article: A new, entrepreneurial firm may not be able to provide the cash compensation needed to attract outstanding workers. Instead, it can offer stock options. But Malkiel and Baumol, unfortunately, do not follow their observation to its logical conclusion. For if the cost of stock options is not universally incorporated into the measurement of net income, companies that grant options will underreport compensation costs, and it wont be possible to compare their profitability, productivity, and return-on-capital measures with those of economically equivalent companies that have merely structured their compensation system in a different way. The following hypothetical illustration shows how that can happen. Imagine two companies, KapCorp and MerBod, competing in exactly the same line of business. The two differ only in the structure of their employee compensation packages. KapCorp pays its workers 400,000 in total compensation in the form of cash during the year. At the beginning of the year, it also issues, through an underwriting, 100,000 worth of options in the capital market, which cannot be exercised for one year, and it requires its employees to use 25 of their compensation to buy the newly issued options. The net cash outflow to KapCorp is 300,000 (400,000 in compensation expense less 100,000 from the sale of the options). MerBods approach is only slightly different. It pays its workers 300,000 in cash and issues them directly 100,000 worth of options at the start of the year (with the same one-year exercise restriction). Economically, the two positions are identical. Each company has paid a total of 400,000 in compensation, each has issued 100,000 worth of options, and for each the net cash outflow totals 300,000 after the cash received from issuing the options is subtracted from the cash spent on compensation. Employees at both companies are holding the same 100,000 of options during the year, producing the same motivation, incentive, and retention effects. How legitimate is an accounting standard that allows two economically identical transactions to produce radically different numbers In preparing its year-end statements, KapCorp will book compensation expense of 400,000 and will show 100,000 in options on its balance sheet in a shareholder equity account. If the cost of stock options issued to employees is not recognized as an expense, however, MerBod will book a compensation expense of only 300,000 and not show any options issued on its balance sheet. Assuming otherwise identical revenues and costs, it will look as though MerBods earnings were 100,000 higher than KapCorps. MerBod will also seem to have a lower equity base than KapCorp, even though the increase in the number of shares outstanding will eventually be the same for both companies if all the options are exercised. As a result of the lower compensation expense and lower equity position, MerBods performance by most analytic measures will appear to be far superior to KapCorps. This distortion is, of course, repeated every year that the two firms choose the different forms of compensation. How legitimate is an accounting standard that allows two economically identical transactions to produce radically different numbers Fallacy 2: The Cost of Employee Stock Options Cannot Be Estimated Some opponents of option expensing defend their position on practical, not conceptual, grounds. Option-pricing models may work, they say, as a guide for valuing publicly traded options. But they cant capture the value of employee stock options, which are private contracts between the company and the employee for illiquid instruments that cannot be freely sold, swapped, pledged as collateral, or hedged. It is indeed true that, in general, an instruments lack of liquidity will reduce its value to the holder. But the holders liquidity loss makes no difference to what it costs the issuer to create the instrument unless the issuer somehow benefits from the lack of liquidity. And for stock options, the absence of a liquid market has little effect on their value to the holder. The great beauty of option-pricing models is that they are based on the characteristics of the underlying stock. Thats precisely why they have contributed to the extraordinary growth of options markets over the last 30 years. The Black-Scholes price of an option equals the value of a portfolio of stock and cash that is managed dynamically to replicate the payoffs to that option. With a completely liquid stock, an otherwise unconstrained investor could entirely hedge an options risk and extract its value by selling short the replicating portfolio of stock and cash. In that case, the liquidity discount on the options value would be minimal. And that applies even if there were no market for trading the option directly. Therefore, the liquidityor lack thereofof markets in stock options does not, by itself, lead to a discount in the options value to the holder. Investment banks, commercial banks, and insurance companies have now gone far beyond the basic, 30-year-old Black-Scholes model to develop approaches to pricing all sorts of options: Standard ones. Exotic ones. Options traded through intermediaries, over the counter, and on exchanges. Options linked to currency fluctuations. Options embedded in complex securities such as convertible debt, preferred stock, or callable debt like mortgages with prepay features or interest rate caps and floors. A whole subindustry has developed to help individuals, companies, and money market managers buy and sell these complex securities. Current financial technology certainly permits firms to incorporate all the features of employee stock options into a pricing model. A few investment banks will even quote prices for executives looking to hedge or sell their stock options prior to vesting, if their companys option plan allows it. Of course, formula-based or underwriters estimates about the cost of employee stock options are less precise than cash payouts or share grants. But financial statements should strive to be approximately right in reflecting economic reality rather than precisely wrong. Managers routinely rely on estimates for important cost items, such as the depreciation of plant and equipment and provisions against contingent liabilities, such as future environmental cleanups and settlements from product liability suits and other litigation. When calculating the costs of employees pensions and other retirement benefits, for instance, managers use actuarial estimates of future interest rates, employee retention rates, employee retirement dates, the longevity of employees and their spouses, and the escalation of future medical costs. Pricing models and extensive experience make it possible to estimate the cost of stock options issued in any given period with a precision comparable to, or greater than, many of these other items that already appear on companies income statements and balance sheets. Not all the objections to using Black-Scholes and other option valuation models are based on difficulties in estimating the cost of options granted. For example, John DeLong, in a June 2002 Competitive Enterprise Institute paper entitled The Stock Options Controversy and the New Economy, argued that even if a value were calculated according to a model, the calculation would require adjustment to reflect the value to the employee. He is only half right. By paying employees with its own stock or options, the company forces them to hold highly non-diversified financial portfolios, a risk further compounded by the investment of the employees own human capital in the company as well. Since almost all individuals are risk averse, we can expect employees to place substantially less value on their stock option package than other, better-diversified, investors would. Estimates of the magnitude of this employee risk discountor deadweight cost, as it is sometimes calledrange from 20 to 50, depending on the volatility of the underlying stock and the degree of diversification of the employees portfolio. The existence of this deadweight cost is sometimes used to justify the apparently huge scale of option-based remuneration handed out to top executives. A company seeking, for instance, to reward its CEO with 1 million in options that are worth 1,000 each in the market may (perhaps perversely) reason that it should issue 2,000 rather than 1,000 options because, from the CEOs perspective, the options are worth only 500 each. (We would point out that this reasoning validates our earlier point that options are a substitute for cash.) But while it might arguably be reasonable to take deadweight cost into account when deciding how much equity-based compensation (such as options) to include in an executives pay packet, it is certainly not reasonable to let dead-weight cost influence the way companies record the costs of the packets. Financial statements reflect the economic perspective of the company, not the entities (including employees) with which it transacts. When a company sells a product to a customer, for example, it does not have to verify what the product is worth to that individual. It counts the expected cash payment in the transaction as its revenue. Similarly, when the company purchases a product or service from a supplier, it does not examine whether the price paid was greater or less than the suppliers cost or what the supplier could have received had it sold the product or service elsewhere. The company records the purchase price as the cash or cash equivalent it sacrificed to acquire the good or service. Suppose a clothing manufacturer were to build a fitness center for its employees. The company would not do so to compete with fitness clubs. It would build the center to generate higher revenues from increased productivity and creativity of healthier, happier employees and to reduce costs arising from employee turnover and illness. The cost to the company is clearly the cost of building and maintaining the facility, not the value that the individual employees might place on it. The cost of the fitness center is recorded as a periodic expense, loosely matched to the expected revenue increase and reductions in employee-related costs. The only reasonable justification we have seen for costing executive options below their market value stems from the observation that many options are forfeited when employees leave, or are exercised too early because of employees risk aversion. In these cases, existing shareholders equity is diluted less than it would otherwise be, or not at all, consequently reducing the companys compensation cost. While we agree with the basic logic of this argument, the impact of forfeiture and early exercise on theoretical values may be grossly exaggerated. (See The Real Impact of Forfeiture and Early Exercise at the end of this article.) The Real Impact of Forfeiture and Early Exercise Unlike cash salary, stock options cannot be transferred from the individual granted them to anyone else. Nontransferability has two effects that combine to make employee options less valuable than conventional options traded in the market. First, employees forfeit their options if they leave the company before the options have vested. Second, employees tend to reduce their risk by exercising vested stock options much earlier than a well-diversified investor would, thereby reducing the potential for a much higher payoff had they held the options to maturity. Employees with vested options that are in the money will also exercise them when they quit, since most companies require employees to use or lose their options upon departure. In both cases, the economic impact on the company of issuing the options is reduced, since the value and relative size of existing shareholders stakes are diluted less than they could have been, or not at all. Recognizing the increasing probability that companies will be required to expense stock options, some opponents are fighting a rearguard action by trying to persuade standard setters to significantly reduce the reported cost of those options, discounting their value from that measured by financial models to reflect the strong likelihood of forfeiture and early exercise. Current proposals put forth by these people to FASB and IASB would allow companies to estimate the percentage of options forfeited during the vesting period and reduce the cost of option grants by this amount. Also, rather than use the expiration date for the option life in an option-pricing model, the proposals seek to allow companies to use an expected life for the option to reflect the likelihood of early exercise. Using an expected life (which companies may estimate at close to the vesting period, say, four years) instead of the contractual period of, say, ten years, would significantly reduce the estimated cost of the option. Some adjustment should be made for forfeiture and early exercise. But the proposed method significantly overstates the cost reduction since it neglects the circumstances under which options are most likely to be forfeited or exercised early. When these circumstances are taken into account, the reduction in employee option costs is likely to be much smaller. First, consider forfeiture. Using a flat percentage for forfeitures based on historical or prospective employee turnover is valid only if forfeiture is a random event, like a lottery, independent of the stock price. In reality, however, the likelihood of forfeiture is negatively related to the value of the options forfeited and, hence, to the stock price itself. People are more likely to leave a company and forfeit options when the stock price has declined and the options are worth little. But if the firm has done well and the stock price has increased significantly since grant date, the options will have become much more valuable, and employees will be much less likely to leave. If employee turnover and forfeiture are more likely when the options are least valuable, then little of the options total cost at grant date is reduced because of the probability of forfeiture. The argument for early exercise is similar. It also depends on the future stock price. Employees will tend to exercise early if most of their wealth is bound up in the company, they need to diversify, and they have no other way to reduce their risk exposure to the companys stock price. Senior executives, however, with the largest option holdings, are unlikely to exercise early and destroy option value when the stock price has risen substantially. Often they own unrestricted stock, which they can sell as a more efficient means to reduce their risk exposure. Or they have enough at stake to contract with an investment bank to hedge their option positions without exercising prematurely. As with the forfeiture feature, the calculation of an expected option life without regard to the magnitude of the holdings of employees who exercise early, or to their ability to hedge their risk through other means, would significantly underestimate the cost of options granted. Option-pricing models can be modified to incorporate the influence of stock prices and the magnitude of employees option and stock holdings on the probabilities of forfeiture and early exercise. (See, for example, Mark Rubinsteins Fall 1995 article in the Journal of Derivatives . On the Accounting Valuation of Employee Stock Options.) The actual magnitude of these adjustments needs to be based on specific company data, such as stock price appreciation and distribution of option grants among employees. The adjustments, properly assessed, could turn out to be significantly smaller than the proposed calculations (apparently endorsed by FASB and IASB) would produce. Indeed, for some companies, a calculation that ignores forfeiture and early exercise altogether could come closer to the true cost of options than one that entirely ignores the factors that influence employees forfeiture and early exercise decisions. Fallacy 3: Stock Option Costs Are Already Adequately Disclosed Another argument in defense of the existing approach is that companies already disclose information about the cost of option grants in the footnotes to the financial statements. Investors and analysts who wish to adjust income statements for the cost of options, therefore, have the necessary data readily available. We find that argument hard to swallow. As we have pointed out, it is a fundamental principle of accounting that the income statement and balance sheet should portray a companys underlying economics. Relegating an item of such major economic significance as employee option grants to the footnotes would systematically distort those reports. But even if we were to accept the principle that footnote disclosure is sufficient, in reality we would find it a poor substitute for recognizing the expense directly on the primary statements. For a start, investment analysts, lawyers, and regulators now use electronic databases to calculate profitability ratios based on the numbers in companies audited income statements and balance sheets. An analyst following an individual company, or even a small group of companies, could make adjustments for information disclosed in footnotes. But that would be difficult and costly to do for a large group of companies that had put different sorts of data in various nonstandard formats into footnotes. Clearly, it is much easier to compare companies on a level playing field, where all compensation expenses have been incorporated into the income numbers. Whats more, numbers divulged in footnotes can be less reliable than those disclosed in the primary financial statements. For one thing, executives and auditors typically review supplementary footnotes last and devote less time to them than they do to the numbers in the primary statements. As just one example, the footnote in eBays FY 2000 annual report reveals a weighted average grant-date fair value of options granted during 1999 of 105.03 for a year in which the weighted average exercise price of shares granted was 64.59. Just how the value of options granted can be 63 more than the value of the underlying stock is not obvious. In FY 2000, the same effect was reported: a fair value of options granted of 103.79 with an average exercise price of 62.69. Apparently, this error was finally detected, since the FY 2001 report retroactively adjusted the 1999 and 2000 average grant-date fair values to 40.45 and 41.40, respectively. We believe executives and auditors will exert greater diligence and care in obtaining reliable estimates of the cost of stock options if these figures are included in companies income statements than they currently do for footnote disclosure. Our colleague William Sahlman in his December 2002 HBR article, Expensing Options Solves Nothing, has expressed concern that the wealth of useful information contained in the footnotes about the stock options granted would be lost if options were expensed. But surely recognizing the cost of options in the income statement does not preclude continuing to provide a footnote that explains the underlying distribution of grants and the methodology and parameter inputs used to calculate the cost of the stock options. Some critics of stock option expensing argue, as venture capitalist John Doerr and FedEx CEO Frederick Smith did in an April 5, 2002, New York Times column, that if expensing were required, the impact of options would be counted twice in the earnings per share: first as a potential dilution of the earnings, by increasing the shares outstanding, and second as a charge against reported earnings. The result would be inaccurate and misleading earnings per share. We have several difficulties with this argument. First, option costs only enter into a (GAAP-based) diluted earnings-per-share calculation when the current market price exceeds the option exercise price. Thus, fully diluted EPS numbers still ignore all the costs of options that are nearly in the money or could become in the money if the stock price increased significantly in the near term. Second, relegating the determination of the economic impact of stock option grants solely to an EPS calculation greatly distorts the measurement of reported income, would not be adjusted to reflect the economic impact of option costs. These measures are more significant summaries of the change in economic value of a company than the prorated distribution of this income to individual shareholders revealed in the EPS measure. This becomes eminently clear when taken to its logical absurdity: Suppose companies were to compensate all their suppliersof materials, labor, energy, and purchased serviceswith stock options rather than with cash and avoid all expense recognition in their income statement. Their income and their profitability measures would all be so grossly inflated as to be useless for analytic purposes only the EPS number would pick up any economic effect from the option grants. Our biggest objection to this spurious claim, however, is that even a calculation of fully diluted EPS does not fully reflect the economic impact of stock option grants. The following hypothetical example illustrates the problems, though for purposes of simplicity we will use grants of shares instead of options. The reasoning is exactly the same for both cases. Lets say that each of our two hypothetical companies, KapCorp and MerBod, has 8,000 shares outstanding, no debt, and annual revenue this year of 100,000. KapCorp decides to pay its employees and suppliers 90,000 in cash and has no other expenses. MerBod, however, compensates its employees and suppliers with 80,000 in cash and 2,000 shares of stock, at an average market price of 5 per share. The cost to each company is the same: 90,000. But their net income and EPS numbers are very different. KapCorps net income before taxes is 10,000, or 1.25 per share. By contrast, MerBods reported net income (which ignores the cost of the equity granted to employees and suppliers) is 20,000, and its EPS is 2.00 (which takes into account the new shares issued). Of course, the two companies now have different cash balances and numbers of shares outstanding with a claim on them. But KapCorp can eliminate that discrepancy by issuing 2,000 shares of stock in the market during the year at an average selling price of 5 per share. Now both companies have closing cash balances of 20,000 and 10,000 shares outstanding. Under current accounting rules, however, this transaction only exacerbates the gap between the EPS numbers. KapCorps reported income remains 10,000, since the additional 10,000 value gained from the sale of the shares is not reported in net income, but its EPS denominator has increased from 8,000 to 10,000. Consequently, KapCorp now reports an EPS of 1.00 to MerBods 2.00, even though their economic positions are identical: 10,000 shares outstanding and increased cash balances of 20,000. The people claiming that options expensing creates a double-counting problem are themselves creating a smoke screen to hide the income-distorting effects of stock option grants. The people claiming that options expensing creates a double-counting problem are themselves creating a smoke screen to hide the income-distorting effects of stock option grants. Indeed, if we say that the fully diluted EPS figure is the right way to disclose the impact of share options, then we should immediately change the current accounting rules for situations when companies issue common stock, convertible preferred stock, or convertible bonds to pay for services or assets. At present, when these transactions occur, the cost is measured by the fair market value of the consideration involved. Why should options be treated differently Fallacy 4: Expensing Stock Options Will Hurt Young Businesses Opponents of expensing options also claim that doing so will be a hardship for entrepreneurial high-tech firms that do not have the cash to attract and retain the engineers and executives who translate entrepreneurial ideas into profitable, long-term growth. This argument is flawed on a number of levels. For a start, the people who claim that option expensing will harm entrepreneurial incentives are often the same people who claim that current disclosure is adequate for communicating the economics of stock option grants. The two positions are clearly contradictory. If current disclosure is sufficient, then moving the cost from a footnote to the balance sheet and income statement will have no market effect. But to argue that proper costing of stock options would have a significant adverse impact on companies that make extensive use of them is to admit that the economics of stock options, as currently disclosed in footnotes, are not fully reflected in companies market prices. More seriously, however, the claim simply ignores the fact that a lack of cash need not be a barrier to compensating executives. Rather than issuing options directly to employees, companies can always issue them to underwriters and then pay their employees out of the money received for those options. Considering that the market systematically puts a higher value on options than employees do, companies are likely to end up with more cash from the sale of externally issued options (which carry with them no deadweight costs) than they would by granting options to employees in lieu of higher salaries. Even privately held companies that raise funds through angel and venture capital investors can take this approach. The same procedures used to place a value on a privately held company can be used to estimate the value of its options, enabling external investors to provide cash for options about as readily as they provide cash for stock. Thats not to say, of course, that entrepreneurs should never get option grants. Venture capital investors will always want employees to be compensated with some stock options in lieu of cash to be assured that the employees have some skin in the game and so are more likely to be honest when they tout their companys prospects to providers of new capital. But that does not preclude also raising cash by selling options externally to pay a large part of the cash compensation to employees. We certainly recognize the vitality and wealth that entrepreneurial ventures, particularly those in the high-tech sector, bring to the U. S. economy. A strong case can be made for creating public policies that actively assist these companies in their early stages, or even in their more established stages. The nation should definitely consider a regulation that makes entrepreneurial, job-creating companies healthier and more competitive by changing something as simple as an accounting journal entry. But we have to question the effectiveness of the current rule, which essentially makes the benefits from a deliberate accounting distortion proportional to companies use of one particular form of employee compensation. After all, some entrepreneurial, job-creating companies might benefit from picking other forms of incentive compensation that arguably do a better job of aligning executive and shareholder interests than conventional stock options do. Indexed or performance options, for example, ensure that management is not rewarded just for being in the right place at the right time or penalized just for being in the wrong place at the wrong time. A strong case can also be made for the superiority of properly designed restricted stock grants and deferred cash payments. Yet current accounting standards require that these, and virtually all other compensation alternatives, be expensed. Are companies that choose those alternatives any less deserving of an accounting subsidy than Microsoft, which, having granted 300 million options in 2001 alone, is by far the largest issuer of stock options A less distorting approach for delivering an accounting subsidy to entrepreneurial ventures would simply be to allow them to defer some percentage of their total employee compensation for some number of years, which could be indefinitelyjust as companies granting stock options do now. That way, companies could get the supposed accounting benefits from not having to report a portion of their compensation costs no matter what form that compensation might take. What Will Expensing Involve Although the economic arguments in favor of reporting stock option grants on the principal financial statements seem to us to be overwhelming, we do recognize that expensing poses challenges. For a start, the benefits accruing to the company from issuing stock options occur in future periods, in the form of increased cash flows generated by its option motivated and retained employees. The fundamental matching principle of accounting requires that the costs of generating those higher revenues be recognized at the same time the revenues are recorded. This is why companies match the cost of multiperiod assets such as plant and equipment with the revenues these assets produce over their economic lives. In some cases, the match can be based on estimates of the future cash flows. In expensing capitalized software-development costs, for instance, managers match the costs against a predicted pattern of benefits accrued from selling the software. In the case of options, however, managers would have to estimate an equivalent pattern of benefits arising from their own decisions and activities. That would likely introduce significant measurement error and provide opportunities for managers to bias their estimates. We therefore believe that using a standard straight-line amortization formula will reduce measurement error and management bias despite some loss of accuracy. The obvious period for the amortization is the useful economic life of the granted option, probably best measured by the vesting period. Thus, for an option vesting in four years, 1/48 of the cost of the option would be expensed through the income statement in each month until the option vests. This would treat employee option compensation costs the same way the costs of plant and equipment or inventory are treated when they are acquired through equity instruments, such as in an acquisition. In addition to being reported on the income statement, the option grant should also appear on the balance sheet. In our opinion, the cost of options issued represents an increase in shareholders equity at the time of grant and should be reported as paid-in capital. Some experts argue that stock options are more like contingent liability than equity transactions since their ultimate cost to the company cannot be determined until employees either exercise or forfeit their options. This argument, of course, ignores the considerable economic value the company has sacrificed at time of grant. Whats more, a contingent liability is usually recognized as an expense when it is possible to estimate its value and the liability is likely to be incurred. At time of grant, both these conditions are met. The value transfer is not just probable it is certain. The company has granted employees an equity security that could have been issued to investors and suppliers who would have given cash, goods, and services in return. The amount sacrificed can also be estimated, using option-pricing models or independent estimates from investment banks. There has to be, of course, an offsetting entry on the asset side of the balance sheet. FASB, in its exposure draft on stock option accounting in 1994, proposed that at time of grant an asset called prepaid compensation expense be recognized, a recommendation we endorse. FASB, however, subsequently retracted its proposal in the face of criticism that since employees can quit at any time, treating their deferred compensation as an asset would violate the principle that a company must always have legal control over the assets it reports. We feel that FASB capitulated too easily to this argument. The firm does have an asset because of the option grantpresumably a loyal, motivated employee. Even though the firm does not control the asset in a legal sense, it does capture the benefits. FASBs concession on this issue subverted substance to form. Finally, there is the issue of whether to allow companies to revise the income number theyve reported after the grants have been issued. Some commentators argue that any recorded stock option compensation expense should be reversed if employees forfeit the options by leaving the company before vesting or if their options expire unexercised. But if companies were to mark compensation expense downward when employees forfeit their options, should they not also mark it up when the share price rises, thereby increasing the market value of the options Clearly, this can get complicated, and it comes as no surprise that neither FASB nor IASB recommends any kind of postgrant accounting revisions, since that would open up the question of whether to use mark-to-market accounting for all types of assets and liabilities, not just share options. At this time, we dont have strong feelings about whether the benefits from mark-to-market accounting for stock options exceed the costs. But we would point out that people who object to estimating the cost of options granted at time of issue should be even less enthusiastic about reestimating their options cost each quarter. We recognize that options are a powerful incentive, and we believe that all companies should consider them in deciding how to attract and retain talent and align the interests of managers and owners. But we also believe that failing to record a transaction that creates such powerful effects is economically indefensible and encourages companies to favor options over alternative compensation methods. It is not the proper role of accounting standards to distort executive and employee compensation by subsidizing one form of compensation relative to all others. Companies should choose compensation methods according to their economic benefitsnot the way they are reported. It is not the proper role of accounting standards to distort executive and employee compensation by subsidizing one form of compensation relative to all others. A version of this article appeared in the March 2003 issue of Harvard Business Review .